Chile busca alinear criterios técnicos en evaluación de riesgo ambiental para fitosanitarios

IICA, USDA y SAG coincidieron en que la evaluación científica permite decisiones más proporcionales, evitando restricciones que limiten tecnologías y resguardando salud, biodiversidad e inocuidad.

AFIPA puso el foco en la ciencia para modernizar la evaluación ambiental de fitosanitarios en Chile. Entre el 13 y el 15 de enero, la asociación reunió en Santiago a representantes de servicios públicos, organismos internacionales y empresas del sector en el taller “Evaluación de Riesgos Ambientales para Productos Fitosanitarios Agrícolas”, realizado en el Hotel Plaza San Francisco, con el objetivo de fortalecer capacidades técnicas y promover decisiones regulatorias basadas en evidencia.

La actividad fue organizada por AFIPA en colaboración con CropLife Latin America, con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en el marco del proyecto “Agricultura Sostenible en Acción”. La iniciativa apunta a entregar herramientas que permitan enfrentar desafíos que impactan directamente la productividad y la sostenibilidad de la producción de alimentos.

En la apertura, el presidente de AFIPA, Gabriel Assandri, planteó que actualizar la regulación, robustecer instrumentos de fomento y mejorar los modelos de aplicación de productos fitosanitarios son tareas claves para el sector. En esa línea, subrayó que, pese a avances en la adecuación a estándares internacionales, la actualización de datos científicos y el trabajo colaborativo siguen siendo determinantes para el futuro de la agricultura, especialmente mediante espacios de diálogo donde participe toda la cadena agroalimentaria.

La directora ejecutiva de AFIPA, Patricia Villarreal, reforzó el mensaje desde la sostenibilidad, señalando que hoy es un imperativo estratégico. A su juicio, la evaluación y gestión de riesgos se ha consolidado con un enfoque integral que combina ciencia, tecnología y capacidades avanzadas de análisis, para controlar variables productivas y avanzar hacia una agricultura resiliente, maximizando beneficios sin comprometer la seguridad de las personas ni el medio ambiente.

Durante tres jornadas, los asistentes profundizaron en el marco conceptual y los estudios necesarios para iniciar una evaluación de riesgo ambiental; en modelos de simulación y datos para caracterizar exposición ecológica y efectos; y en la interpretación de resultados para ponderar riesgo-beneficio y definir medidas de mitigación. Las exposiciones estuvieron a cargo de Luis Suguiyama, consultor internacional en manejo y registro de plaguicidas y bioplaguicidas e inocuidad alimentaria; Jeffrey Jenkins, profesor emérito de Toxicología Ambiental y Molecular de Oregon State University; y Ximena Patiño, especialista en modelos de evaluación de riesgo ambiental.

Desde el mundo internacional, el representante del IICA en Chile, Hernán Chiriboga, llamó a que las áreas regulatorias cuenten con un conocimiento profundo en evaluación de riesgo para equilibrar beneficios y riesgos, evitando enfoques meramente restrictivos que puedan limitar tecnologías necesarias. 

En tanto, la agregada agrícola de la Embajada de Estados Unidos, Amanda Hinkle, destacó que la evaluación de riesgo ambiental integra de forma sistemática el peligro de las sustancias con la probabilidad real de exposición y sus efectos, aportando una base científica sólida, transparente y proporcional para la toma de decisiones; y relevó metodologías reconocidas internacionalmente, como las desarrolladas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

El cierre incorporó la mirada regulatoria nacional. Marco Muñoz, jefe de la División de Protección Agrícola-Forestal y Semillas del SAG, sostuvo que el proceso científico es clave para una agricultura productiva y responsable, al permitir identificar y mitigar impactos potenciales en salud humana, biodiversidad y ambiente, en un contexto de creciente demanda por alimentos y exigencias de inocuidad y condiciones dignas para productores.

Tras esta segunda actividad liderada por AFIPA, se espera que el trabajo técnico se traduzca en conversaciones público-privadas para actualizar la regulación chilena y fortalecer prácticas sostenibles, instrumentos de fomento y modelos de aplicación, con un componente de formación continua que incorpore evaluación y gestión de riesgos en todas las fases del proceso productivo.