Inocuidad 2026–2036: la nueva hoja de ruta que tensionará trazabilidad, laboratorios y estándares para exportar alimentos chilenos

La política aprobada por ACHIPIA pone el acento en control preventivo, combate al fraude alimentario y coordinación pública, con impacto directo en cadenas exportadoras como la frutícola y en productores de menor escala.

La aprobación de la Política Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria 2026–2036 no solo reordena prioridades del Estado: también adelanta hacia dónde se moverán las exigencias para producir, procesar y comercializar alimentos en Chile en la próxima década, particularmente en rubros exportadores donde la reputación sanitaria opera como una ventaja competitiva. 

El propio Consejo que respaldó la política la presentó como una orientación práctica para prevenir riesgos, elevar trazabilidad ante alertas sanitarias y apoyar al sector productivo frente a estándares internacionales cada vez más estrictos. 

En el corazón del texto aparece una señal que el sector frutícola conoce bien: el tránsito desde controles reactivos hacia sistemas preventivos basados en riesgo. En términos operativos, eso significa que la fiscalización y la gestión sanitaria tienden a concentrarse donde hay mayor probabilidad e impacto de daño, con decisiones sustentadas en evidencia y con cadenas más transparentes desde el origen hasta el consumidor.

 ACHIPIA explicitó que la política se sostiene en la ciencia como base, la responsabilidad compartida y el enfoque “Una sola salud”, integrando salud humana, animal, vegetal y ambiente, una mirada especialmente relevante en escenarios de cambio climático y nuevas presiones fitosanitarias y microbiológicas. 

El subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza, la presentó como un instrumento operativo y no solo declarativo. En el comunicado oficial de ACHIPIA afirmó: “Esta política no es solo un marco conceptual, sino una orientación práctica para mejorar cómo el Estado previene riesgos, protege la salud de las personas”. 

En el mismo mensaje, añadió que el foco está en “sistemas de control más preventivos” y “mejor trazabilidad frente a alertas sanitarias”, además de apoyar al sector productivo ante estándares más exigentes en mercados internacionales. 

El secretario ejecutivo de ACHIPIA, Dionisio Faulbaum, enmarcó la aprobación como un hito institucional y de coordinación del Estado. En la nota de ACHIPIA sostuvo: “ACHIPIA cumple 20 años coordinando a los organismos públicos con competencia en la materia”. Y remarcó el sentido estratégico del acuerdo al señalar que la política “entrega una visión común de largo plazo” y sienta bases para una institucionalidad “más articulada, moderna y preventiva”.

Otro eje que emerge con fuerza es la trazabilidad, no solo como herramienta de cumplimiento, sino como “seguro” reputacional. En un mundo donde una alerta sanitaria puede cerrar mercados o demorar embarques, la política declara la necesidad de mejorar la trazabilidad frente a emergencias y, además, avanzar en control del fraude alimentario, un ámbito que en la práctica toca desde rotulación y origen hasta adulteraciones y sustituciones de productos. En la agricultura de exportación, el mensaje es directo: la confianza ya no se construye solo con certificaciones, sino con sistemas capaces de responder rápido, con datos verificables y coordinación pública-privada. 

La modernización de la red de laboratorios aparece como una de las apuestas más concretas. En la práctica, fortalecer capacidades analíticas impacta el monitoreo de contaminantes, residuos, patógenos, autenticidad y cumplimiento normativo, y puede reducir tiempos de respuesta en investigación de brotes o alertas, además de mejorar el soporte técnico para exportaciones e importaciones. 

La política, en su formulación pública, suma a ese foco la formación continua de capital humano, un punto sensible en cadenas donde conviven grandes exportadoras con productores de menor escala y servicios de apoyo con distintos niveles de capacidad técnica. 

En paralelo, el énfasis en participación regional busca corregir un problema estructural: los riesgos, las brechas de infraestructura y las capacidades de cumplimiento no se distribuyen igual en el territorio. 

La política plantea fortalecer el rol de las regiones en la toma de decisiones, con pertinencia territorial, un aspecto que puede ser determinante en polos frutícolas y agroindustriales fuera de la Región Metropolitana, donde la logística sanitaria, la disponibilidad de laboratorios y la capacitación operan como cuellos de botella. 

Como contexto adicional documentado por ACHIPIA, el proceso de actualización venía gestándose desde mandatos previos del Consejo de subsecretarios y con trabajo técnico interinstitucional (Minsal, ISP, SAG, Sernapesca, Subpesca, Subrei, Sernac, entre otros), en una trayectoria donde ya existían versiones anteriores (2009–2015 y 2018–2030) y donde, al menos en el borrador sometido a consulta ciudadana en mayo de 2025, se delineaban objetivos como fortalecer sistemas de control con enfoque preventivo basado en riesgo, robustecer certificación de exportaciones e importaciones y promover una cultura de inocuidad. Ese antecedente ayuda a entender continuidad y evolución del enfoque que hoy se consolida en el horizonte 2026–2036.