Vitivinicultura del Itata, apicultura y trigo: los más golpeados por el fuego y el plan estatal

La ministra María Ignacia Fernández cifró en cerca de 900 los productores directamente afectados y advirtió daños indirectos por exposición al humo en parronales y falta de flora para las abejas.

La emergencia por incendios forestales en el centro-sur volvió a tensionar a la agricultura familiar y a los territorios productivos de Ñuble y Biobío, con impactos que no solo se miden por hectáreas quemadas, sino también por pérdidas “invisibles” asociadas al humo y a la interrupción de ciclos productivos. 

La ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández, entregó un balance preliminar y detalló el paquete de apoyos que el Ejecutivo ya comenzó a desplegar en terreno, con foco en pequeños productores.

Según la autoridad, el daño directo alcanzaría a cerca de 900 productores, en zonas donde la matriz agrícola es determinante para el empleo y la actividad local. Entre los rubros más afectados mencionó a la vitivinicultura del Valle del Itata, la apicultura y la producción de trigo, subrayando que se trata de “zonas muy agrícolas” con alta presencia de agricultura de menor escala.

Pero el diagnóstico no se detiene en lo que arrasó el fuego. Fernández alertó sobre efectos indirectos que aún se están evaluando, especialmente en uva vinífera. Explicó que, aunque las parras no se hayan quemado, la exposición al humo por varios días puede traducirse en pérdidas productivas relevantes. 

En apicultura, el escenario también es complejo: sin entorno para polinizar, las colmenas enfrentan problemas de alimentación, lo que repercute en la supervivencia de las abejas y en la continuidad de la actividad.

En materia de respuesta, el Gobierno estructuró las ayudas en dos fases. La primera ya está en ejecución e incluye apoyos tempranos como alimentación animal y materiales para reconstruir cercos, una necesidad crítica para resguardar animales y predios. La ministra señaló que estas entregas comenzaron “desde el viernes pasado”, es decir, desde el 23 de enero de 2026.

La segunda fase apunta a la reconstrucción productiva y se basa en el levantamiento de la ficha de afectación silvo-agropecuaria, instrumento que permitirá dimensionar daños, priorizar casos y definir qué tipo de apoyo corresponde en cada predio. 

En los escenarios de mayor gravedad, la secretaria de Estado adelantó que se evaluarán bonos de recuperación productiva y apoyos integrales para pequeños agricultores mediante INDAP, buscando que las unidades afectadas puedan retomar su actividad y reponer infraestructura clave para seguir produciendo.