Ley de Incendios entra en pausa legislativa y reabre tensión por cortafuegos, multas y responsabilidades en el campo

Aunque el Senado despachó el proyecto a tercer trámite, la Cámara lo verá recién en marzo, en medio de controversias que inquietan a fruticultores y propietarios rurales.

La tramitación de la llamada “Ley de Incendios” en Chile volvió a quedar suspendida hasta marzo, pese a que el Senado aprobó y despachó el proyecto a su tercer trámite constitucional. La iniciativa no alcanzó a ser puesta en tabla en la Cámara de Diputadas y Diputados antes del receso legislativo, por lo que su discusión se retomará cuando el Congreso reinicie actividades.

El texto, ingresado por el Ejecutivo en 2023, busca cambiar el eje de la gestión del riesgo desde la reacción hacia la prevención y mitigación, instalando obligaciones concretas sobre el territorio. 

En lo medular, crea figuras como las zonas de interfaz urbano-rural, donde conviven áreas habitadas y coberturas vegetales propensas a incendios, y las zonas de amortiguación, donde se vuelven exigibles medidas como cortafuegos y manejo de vegetación, con fiscalización y sanciones.

Para el mundo agrofrutícola, el debate no es teórico 

En cada temporada de mayor riesgo, huertos, packings, bodegas e infraestructura de riego quedan expuestos a un factor que hoy se combina con calor extremo, vientos y alta simultaneidad de focos. 

En paralelo, la estadística que repiten las autoridades tensiona el foco de la discusión: la prevención depende en gran medida del comportamiento humano, dado que la propia institucionalidad forestal ha señalado que la enorme mayoría de incendios tiene origen humano.

En esa línea, el proyecto fija un régimen sancionatorio que ha sido uno de los puntos más comentados por su impacto potencial en propietarios y administradores de predios. Según el detalle difundido tras la discusión en el Senado, las infracciones graves podrían llegar a multas de hasta 1.000 UTM y las gravísimas hasta 3.000 UTM, asociadas al incumplimiento de medidas preventivas exigibles en zonas definidas por instrumentos territoriales y resoluciones técnicas.

Pero el avance legislativo viene con puntos que explican por qué el proyecto sigue siendo controversial. Uno de ellos es la acusación de “rasgos expropiatorios” por la obligatoriedad de construir cortafuegos dentro de propiedades privadas, discusión que llevó a explicitar que el espíritu apunta a responsabilidad y no a expropiación. 

En ese contexto, en el Senado se rechazó un párrafo que incorporaba indemnización por daño patrimonial derivado del cumplimiento de medidas en zonas de amortiguación, precisamente para abrir espacio a nuevas fórmulas, en especial mirando a pequeños propietarios.

Otro punto de fricción es que quedó fuera la prohibición de cambio de uso de suelo tras incendios, una idea que reaparece cada vez que ocurre una catástrofe por el temor a “incentivos perversos” y especulación, pero que no prosperó en la tramitación previa. A esto se suma una crítica de fondo: parlamentarios y actores han cuestionado que la ley no refuerza con la misma fuerza la persecución penal o las herramientas del Ministerio Público, aun cuando el Gobierno argumenta que el delito de incendio ya tiene penas altas en el marco vigente.

En el trasfondo institucional, la historia de esta ley está amarrada a un cambio mayor: la creación del Servicio Nacional Forestal (Sernafor). El exministro Esteban Valenzuela ha explicado que, por diseño constitucional, era necesario contar con un servicio público con potestades fiscalizadoras y sancionatorias, lo que terminó empujando la secuencia legislativa. Esa institucionalidad ya es ley: la Ley 21.744 crea Sernafor y le asigna funciones vinculadas, entre otras materias, a la prevención, mitigación y combate de incendios forestales.

Desde la mirada de la fruticultura, el mayor alcance práctico está en el “cómo” se implementará en terreno: quién define las zonas, cómo se notifica, qué estándar técnico se exigirá para cortafuegos y manejo de vegetación, y con qué apoyo contarán pequeños y medianos productores para cumplir. 

A través de la recopilación de información se menciona que la iniciativa contempla asistencia técnica para pequeños productores y coordinación interinstitucional para fiscalización y peritajes, pero también se advierte que parte relevante de la efectividad dependerá de reglamentos, recursos y ejecución.

Hay, además, una arista que dialoga directamente con la diversificación agrícola en zonas históricamente dominadas por el monocultivo forestal. Valenzuela sostiene que el proyecto incorpora un artículo que permitiría reconvertir, parcial o totalmente, superficies asociadas a subsidios del DL 701 hacia pasturas, frutales u hortalizas, en la lógica de construir “paisajes más resilientes”. 

Para el sector agrofrutícola, esa discusión puede abrir oportunidades productivas, pero también exigirá claridad sobre incentivos, ordenamiento y compatibilidades territoriales para no trasladar el riesgo de una cobertura a otra sin manejo adecuado.

De aquí a marzo, la pregunta no es solo si la Cámara despachará la ley, sino con qué ajustes: si habrá un equilibrio más explícito entre obligación y apoyo a propietarios; si se reabrirá la conversación sobre cambio de uso de suelo; y si se clarificará el alcance real de las medidas en interfaz y amortiguación. 

En temporada de incendios, el debate deja de ser un texto y pasa a ser logística: menos combustible disponible cerca de comunidades y predios productivos, mejor coordinación y un estándar mínimo de prevención que no dependa únicamente de la buena voluntad.