Avanza ley que endurece sanciones por internación y propagación de plagas: foco el resguardo fitozoosanitario

La iniciativa apunta a penalizar conductas que para el sector agrofrutícola no son menores: internación ilícita, propagación de plagas y circulación de productos sin documentación, en momentos en que Chile busca resguardar su imagen de país exportador confiable.

Para la agricultura chilena, y especialmente para la fruticultura exportadora, el despacho del proyecto que sanciona penalmente la introducción de enfermedades animales y plagas vegetales llega en un momento particularmente sensible. El Gobierno y el SAG han reforzado durante el último tiempo la idea de que el patrimonio fitosanitario del país es una política de Estado, precisamente porque de él dependen el acceso a mercados, la continuidad de las exportaciones y la reputación sanitaria construida por décadas.

El plan oficial “No a la mosca de la fruta, Chile exporta confianza”, presentado en octubre de 2025, se diseñó justamente para reforzar la vigilancia y el control de los brotes temporales de esta plaga y mantener el estatus sanitario que Chile ostenta desde 1995. En esa oportunidad, el Ministerio de Agricultura informó que hasta el 31 de agosto de 2025 se habían invertido más de $17.063 millones para resguardar el prestigio sanitario del país y que se habían interceptado más de 345 mil kilos de productos agropecuarios, en su mayoría de origen vegetal.

Ese telón de fondo ayuda a entender el alcance práctico del proyecto despachado por el Senado. La iniciativa no solo castiga la propagación deliberada de enfermedades animales o plagas vegetales, sino que también pone foco en la internación ilícita y en la circulación de productos de riesgo sin documentación ni autorizaciones. Para una cadena agrofrutícola acostumbrada a exigencias cada vez mayores en inocuidad, trazabilidad y condición sanitaria, el cambio legislativo apunta a cerrar vacíos que hoy elevan el riesgo del sistema completo.

El propio SAG ha vinculado la presión fitosanitaria con el ingreso ilegal y el contrabando. En febrero de 2026 el servicio reportó que se mantenían campañas activas desde Arica hasta Aysén, con cerca de 500 funcionarios adicionales desplegados, liberación de insecto estéril en zonas críticas y medidas de cuarentena interna para evitar la diseminación. Además, el organismo señaló que en 2025-2026 se habían gestionado 66 brotes de mosca de la fruta y que la mitad de ellos ya estaban cerrados.

Desde el punto de vista del negocio frutícola, esto tiene una traducción directa. Cada brote activo implica restricciones, costos de erradicación, vigilancia intensiva, descarga de fruta, limpieza, desinfección y mayores exigencias logísticas y comerciales. La ministra de Agricultura advirtió que ese esfuerzo se realiza precisamente para proteger la condición sanitaria de Chile y sostener la temporada agrícola, mientras que el SAG ha subrayado que el ingreso de fruta y hortalizas de riesgo puede convertir a viajeros, comerciantes o redes ilegales en vectores involuntarios o deliberados de plagas como la mosca de la fruta.

En ese escenario, la nueva etapa legislativa adquiere un peso estratégico. Si la Cámara avanza con la iniciativa, Chile no solo reforzará la persecución administrativa y el control fronterizo, sino que sumará una señal penal más dura frente a conductas que comprometen la seguridad agropecuaria y alimentaria. Para el sector agrofrutícola, eso significa algo más que castigo: significa blindar uno de los activos más importantes de la agricultura chilena, su confianza sanitaria frente a los mercados.

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