Michoacán, tierra sitiada: extorsiones a citricultores y aguacateros escalan tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Productores de limón y aguacate denuncian cuotas por hectárea, por camión y hasta por temporada. El homicidio del alcalde de Uruapan, epicentro exportador del aguacate, reaviva las alarmas por la captura criminal de la cadena agroalimentaria.

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan —ciudad de Michoacán, clave en la exportación de aguacate de México—durante un acto público, volvió a exhibir la presión del crimen organizado sobre autoridades y productores del estado. 

La agresión, ocurrida la noche del 1 de noviembre y atribuida en el contexto de disputa de cárteles, impacta a la capital aguacatera de México y endurece el clima de riesgo para la cadena del “oro verde”. 

En paralelo, los limoneros de la región de Apatzingán relatan un régimen de “cuotas” (cobro de piso) que se multiplicó desde 2023: pagos por hectárea, por cada camión que sale al mercado y por “permiso” de cosechar. Denunciarlo tiene precio: recientemente fue asesinado Bernardo Bravo, líder limonero que había expuesto públicamente la estructura de extorsión; su muerte reforzó el silencio por miedo entre productores.

La extorsión no solo despoja al agricultor, también distorsiona el mercado. En el limón, los picks de violencia y escasez han coincidido con saltos y caídas bruscas en precio: mientras en el mayoreo el productor recibe 5–6 pesos por kilo, el consumidor final enfrenta variaciones de hasta 153%, una volatilidad que los agricultores asocian a la presión criminal y a fallas de control estatal. 

En el aguacate, el cobro de piso encarece costos y favorece la captura de tramos logísticos—desde huertas y huacales hasta empaque y transporte—según reportes regionales. El fenómeno no es nuevo: informes y coberturas previas documentan años de “rentas” criminales en Michoacán y Jalisco, además de impactos ambientales y conflictos locales. 

Las respuestas oficiales han sido intermitentes

En 2024-2025, el gobierno federal envió fuerzas a zonas limoneras para escoltar camiones y reforzar vigilancia, y ha habido detenciones de presuntos extorsionadores. Sin embargo, los productores sostienen que, tras operativos puntuales, los cobros reaparecen.

En el frente legal, la Cámara de Diputados aprobó una Ley General contra la Extorsión que homologa el delito, permite denuncias anónimas y agrava penas para el cobro de piso; no obstante, cambios de última hora rompieron la unanimidad y la oposición advierte riesgos de impunidad si se reducen ciertas penas. El proyecto aguarda revisión del Senado. 

La secuencia de ataques y homicidios de referentes del campo —y ahora de un alcalde en el corazón aguacatero— mantiene a Michoacán en alerta roja. Para los productores, la ecuación es brutal: sembrar, pagar o cerrar. Sin garantías de seguridad sostenida y una aplicación efectiva de la ley, la “renta” criminal seguirá devorando el valor de las cosechas antes de llegar al mercado.

Comunicado de APEAM

La Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México expresa su tristeza e indignación por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Hace un llamado solidario a la justicia social y a la unidad de todos los sectores, y exige a las autoridades de Michoacán y del Gobierno Federal:

• Esclarecer los hechos con prontitud.
• Castigar a los responsables con todo el peso de la ley.
• Reforzar las garantías de seguridad para la ciudadanía.

Aunque reconocen que la violencia amenaza el desarrollo del país, afirman su confianza en la fortaleza del pueblo michoacano y en la voluntad de los mexicanos de trabajar por un futuro mejor. Concluyen deseando que la memoria de Manzo inspire la lucha por justicia, libertad y vida.