Royalty portuario: En el centro las ciudades-puerto y la fruta chilena

Mientras diputados oficialistas reactivan en el Congreso la idea de cobrar entre US$1 y US$2 por tonelada a las navieras para financiar a las comunas portuarias, la industria frutícola y los gremios del comercio exterior alertan por un nuevo golpe a la competitividad.

El debate sobre un royalty portuario dejó de ser una idea de nicho en Valparaíso y San Antonio y se instaló en la agenda económica chilena. Lo que está en discusión es cobrar un monto aparentemente  — entre US$1 y US$2 por tonelada de carga transferida — a las navieras que usan los terminales marítimos y, en algunos proyectos, también los puertos terrestres. Pero para la fruta de exportación, que vive resguardo márgenes y viendo costos logísticos milimétricos, ese dólar extra es cualquier cosa menos simbólico.

En la Cámara de Diputadas y Diputados se tramita un proyecto de reforma constitucional presentado por el diputado comunista Luis Cuello, que establece un cobro de US$1 por tonelada transferida en terminales marítimos y puertos terrestres.

Los recursos irían directamente a las comunas (50%) y gobiernos regionales (50%) donde se ubican esos recintos, para financiar infraestructura, transporte, salud, educación y proyectos de desarrollo local. Boletín N° 17.887-07.

La moción fue presentada en julio, inicialmente declarada inadmisible en Sala, pero la Comisión de Hacienda reabrió su discusión en noviembre, marcando el regreso del tema a la agenda legislativa.

La idea no es nueva

El mismo diputado Cuello ya había empujado una moción similar, que fue declarada inadmisible en sala el 15 de septiembre de 2025, con 41 votos a favor, 47 en contra y 3 abstenciones. La secretaría de la Corporación argumentó que la creación de nuevos tributos es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Pese a ello, la bancada oficialista decidió reingresar el proyecto y, en paralelo, abrir un diálogo con La Moneda para conseguir patrocinio del Ejecutivo.

En el Senado, el senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre impulsó antes un texto que proponía un royalty de US$2 por tonelada, con un fondo nacional para ciudades y regiones portuarias, y luego un proyecto de acuerdo transversal que pide al Presidente enviar una iniciativa de ley específica sobre la materia.

La novedad de las últimas semanas es que la Comisión de Hacienda de la Cámara inició formalmente la discusión del proyecto: primero expuso el propio Cuello y se anunció la invitación a alcaldes de ciudades-puerto, trabajadores portuarios y empresas navieras; después fue el turno de Sofofa y Frutas de Chile, que acudieron a defender la competitividad del comercio exterior y de la industria frutícola frente a un nuevo gravamen.

Lo que piden las ciudades-puerto y los trabajadores portuarios

Detrás de la bandera del royalty portuario hay algo más que una discusión tributaria. Para alcaldes de Valparaíso, Caldera o San Antonio, y para parte importante del mundo portuario, las ciudades-puerto conviven con congestión de camiones, ruido, contaminación, deterioro de calles y mayor presión sobre servicios públicos.

El royalty cuenta con respaldo explícito de organizaciones portuarias y sindicatos, que lo ven como una forma de financiar infraestructura urbana, transporte público y mitigaciones ambientales en las comunas que soportan el tráfico portuario. Diversos actores del “mundo portuario” han sido mencionados por los propios impulsores como aliados clave de la iniciativa.

El ángulo frutícola: competitividad al límite

Mientras los puertos discuten redistribución, la industria frutícola de exportación mira esta situación desde un sector que ya está sometido a una fuerte presión de costos.

Según cifras de ODEPA, Chile cerró la temporada 2024/25 con exportaciones frutícolas por US$ 9.460 millones FOB, con más de 2,5 millones de toneladas de fruta fresca enviadas al exterior. La mayor parte de ese volumen sale por vía marítima, y los puertos de Valparaíso y San Antonio son las puertas de salida para la fruta que alimenta buena parte de la contraestación mundial.

En su reciente exposición ante la Comisión de Hacienda, el gerente general de Frutas de Chile, Miguel Canala-Echeverría, describió a la fruticultura de exportación como el segundo sector exportador del país y un gran empleador: del orden de 260 mil empleos directos y más de 400 mil indirectos por año. Advirtió que la competitividad “está en juego” por una combinación de factores:

• Costos operativos y logísticos al alza, desde fletes internacionales hasta servicios portuarios.
• Restricciones hídricas, que limitan la expansión de superficie y exigen inversiones crecientes en riego.
• Más plagas cuarentenarias, favorecidas por el comercio ilegal de alimentos, que encarecen la producción y amenazan el acceso sanitario a mercados sensibles.

Y, más recientemente, el aumento de aranceles en Estados Unidos bajo la nueva política proteccionista, que encarece la entrada de frutas frescas.

En ese contexto, argumentó que un royalty portuario se traspasaría a la carga y podría significar entre US$2,5 y US$3 millones adicionales por temporada solo para el sector frutícola, en una actividad donde los márgenes ya son estrechos.

El contraste con Perú, mientras Chile discute nuevos tributos, el vecino del norte ha impulsado mega inversiones en infraestructura hídrica y portuaria, como el puerto de Chancay y la ampliación de Callao, junto con incentivos tributarios sectoriales (rebajas de impuesto a la renta, depreciación acelerada para inversiones en riego, entre otros), lo que refuerza la sensación de estar perdiendo terreno competitivo en el mercado global. 

En relación a lo anterior, en diversas oportunidades se han entregado declaraciones advirtiendo este escenario, el presidente de Fedefruta, Víctor Catalán, ha señalado que Chile está perdiendo competitividad frente a Perú “a pasos agigantados” y que cualquier medida que sume costos, como el royalty, agrava esa brecha. 

El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, ha insistido en que el sector ya opera con costos logísticos crecientes y que un impuesto adicional por tonelada podría comprometer la permanencia de la fruta chilena en mercados muy exigentes.

Lo que dicen navieras y gremios del comercio exterior

La preocupación de la fruta se cruza con la de otros eslabones de la cadena. Gremios como la Cámara Marítima y Portuaria (Camport), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la propia Frutas de Chile han coincidido en que el royalty sería, en la práctica, un nuevo impuesto directo al comercio exterior, que terminaría encareciendo tanto exportaciones como importaciones.

Camport recuerda que ya existe la Tarifa por Uso de Puerto (TUP), que las navieras pagan a las empresas portuarias desde hace más de 20 años, y que habría recaudado del orden de US$800 millones sin que exista total transparencia sobre su cálculo y destino. Antes de crear un nuevo gravamen, plantean, habría que revisar y transparentar la TUP y considerar destinar parte de esos recursos a las comunas-puerto, en lugar de cargar otra vez a la carga.

Asonave advierte que el impuesto será pagado en la práctica por usuarios finales, encareciendo los fletes y afectando “considerablemente la competitividad del país”.

En la SNA vienen sosteniendo que un royalty encarecería los fletes y “afectaría la competitividad” de exportaciones como fruta, celulosa, cobre y salmones, en un escenario ya tensionado por guerras y nuevas barreras comerciales.

En una declaración posterior al rechazo de la primera moción de Cuello, Camport celebró la decisión como una señal de respeto al marco constitucional y de certeza para las inversiones portuarias, aunque reconoció que el debate sobre cómo compensar a las ciudades-puerto seguirá abierto.

Finalmente la línea de los gremios exportadores y navieros es relevante, a pesar que la discusión no es unánime. Diversos académicos del sector económico incluso han planteado que el efecto del royalty depende mucho de su diseño.