Destruyen plantas ilegales de nectarino en O’Higgins

Más de 20 mil plantas de variedades protegidas fueron eliminadas tras una investigación por propagación ilegal, en un hecho que tensiona la trazabilidad en la industria viverística.

Un caso que vuelve a poner en el centro la importancia de la propiedad intelectual en la fruticultura chilena se registró en la comuna de Codegua, Región de O’Higgins, donde un vivero fue obligado a destruir más de 20 mil plantas de nectarinos propagadas ilegalmente.

De acuerdo con información de ANA Chile, la medida se ejecutó tras una investigación que confirmó la multiplicación, comercialización y oferta de variedades protegidas del programa Andesnec sin contar con la debida autorización.

El procedimiento incluyó la eliminación total del material vegetal, una de las sanciones centrales del proceso, además del pago de multas, compensaciones económicas y regalías por plantas previamente comercializadas. Con ello, se dio por cerrada la fase sancionatoria, aunque el caso abre nuevas líneas de investigación dentro de la cadena productiva.

La investigación se inició tras una denuncia que derivó en la fiscalización del Servicio Agrícola y Ganadero, entidad que tomó muestras de las plantas para su análisis genético. Los resultados confirmaron que correspondían a variedades protegidas, respaldando la infracción a la normativa vigente sobre derechos de obtentores vegetales.

Uno de los aspectos más sensibles del caso fue el mecanismo utilizado para comercializar el material, ya que las plantas eran ofrecidas bajo nombres de variedades tradicionales no protegidas, lo que dificultaba su trazabilidad y control en el mercado.

Desde la industria, el caso es visto como una señal relevante para reforzar estándares en la producción viverística, especialmente en un contexto donde la innovación varietal es clave para la competitividad exportadora. La protección de nuevas variedades no solo resguarda la inversión en genética, sino también la calidad y confiabilidad del material vegetal que llega a los productores.

Con el cierre de esta etapa, ANA Chile adelantó que iniciará nuevas diligencias enfocadas en identificar a los proveedores del material de injertación y en verificar la situación de los huertos que pudieron haberse establecido con plantas sin licencia.

El caso Codegua se instala así como un precedente en la fiscalización del sector, reforzando la necesidad de avanzar en trazabilidad, cumplimiento normativo y resguardo de la propiedad intelectual en una industria donde el origen del material vegetal es determinante para la productividad, la sanidad y el posicionamiento internacional de la fruta chilena.